De la feminización del cuidado a la economía del cuidado
Según cifras del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL, como consecuencia de la división sexual del trabajo, antes de la crisis social y sanitaria las mujeres de la región dedicaban tres veces más de tiempo que los hombres en labores de cuidado. Esta sobrecarga se potenció durante el confinamiento afectando a las mujeres de forma desproporcional. A lo que se suma, que el ámbito de trabajo de cuidados remunerados –donde están sobrerrepresentadas–se caracteriza por una baja remuneración y condiciones laborales precarias.
En 2018 ONU Mujeres presentó el informe: Reconocer, Redistribuir y Reducir el Trabajo de Cuidados. Prácticas Inspiradoras en América Latina y el Caribe[1], que puso en evidencia el trabajo de cuidados que realizan las mujeres, con el propósito de llevar el tema a la agenda social, económica y política a nivel regional y nacional como eje transversal de las políticas en materia de redistribución y reducción del trabajo de cuidados.
No obstante, la implementación de este tipo de políticas por parte de los gobiernos ha sido incipiente, a pesar que en 2020, un mes antes de la crisis –durante la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe–, los gobiernos de la región aprobaron el Compromiso de Santiago[2] en el cual establecieron:
Implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres, y promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en sectores clave, incluido el de la economía del cuidado.
Contabilizar los efectos multiplicadores de impulsar la economía del cuidado en términos de participación laboral de las mujeres —incluidos los trabajos vinculados a los conocimientos tradicionales, el arte y la cultura de las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y de las comunidades de base—, bienestar, redistribución, crecimiento de las economías, y el impacto macroeconómico de dicha economía del cuidado.
Diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y comunidad, e incluyan políticas articuladas sobre el tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad, para satisfacer las distintas necesidades de cuidado de la población, como parte de los sistemas de protección social.
Hoy sabemos que lejos de implementar lo acordado en la región, tenemos el panorama de la peor crisis social y económica de la historia reciente, cuya consecuencia es la caída de 7,1% del Producto Interno Bruto -PIB en 2020. Lo que en materia de igualdad de género significa un retroceso de más de 18 años en la participación laboral de las mujeres, según expresó recientemente Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL: “La tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 69%. Hay una contundente salida de las mujeres del mercado laboral, además de un aumento de la informalidad y el desempleo”.
Probablemente, previendo las consecuencias de la pandemia en la vida de las mujeres, en 2020 ONU Mujeres y CEPAL presentaron el documento Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de Covid-19[3]. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación, en el que proponen algunas recomendaciones a los gobiernos, entre las que se encuentran la integración a los sistemas de bienestar, del cuidado como cuarto pilar – siendo los otros: educación, salud, y seguridad social– para alcanzar una justa organización social que contribuya a lograr la igualdad de género.
El documento propone la construcción de sistemas integrales de cuidados como un factor fundamental para el logro del empoderamiento de las mujeres, ya que aseguraría el acceso al cuidado de quienes lo requieren y garantizaría los derechos a las personas que cuidan. Y además, constituiría un elemento clave para la recuperación socioeconómica al convertirse en un generador directo e indirecto de empleo y un facilitador de que otros sectores de la economía funcionen adecuadamente.
Desde el movimiento feminista por la salud de las mujeres hace años que hemos alertado sobre la urgencia de fortalecer las políticas públicas de cuidados desde un enfoque integral que incluya políticas económicas, de empleo, salud, ya que la feminización del cuidado afecta la interrelación de las autonomías de las mujeres y las niñas: la física, la económica y la política. A lo que se suma, que los efectos desproporcionados de la pandemia las sobreexponen y refuerzan la pobreza monetaria y de tiempo; lo que constituye una violación de sus derechos fundamentales.
Ante las consecuencias nefastas de la crisis y sus afectaciones desproporcionadas en la vida de las mujeres, especialmente, las más empobrecidas, apoyamos las declaraciones de Alicia Bárcena quien afirmó recientemente que se requiere una política exterior feminista para lograr una recuperación transformadora con igualdad en la región: “Una política exterior feminista no solo significa que los Estados garantizan los derechos de las mujeres dentro y fuera de las fronteras de su territorio. También implica la promoción del multilateralismo con el fin de abordar de forma coordinada los nudos estructurales de la desigualdad de género…”.
Las declaraciones de Alicia Bárcena necesitan ser amplificadas y respaldadas por el movimiento feminista en la región. Cabe resaltar que la semana pasada se realizó el Foro de París de la Campaña Generación Igualdad, donde los gobiernos del mundo se comprometieron a través del diálogo público a establecer una agenda de acciones concretas y acelerar la implementación de los acuerdos asumidos en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995.
Desde la RSMLAC seguiremos haciendo seguimiento a esta agenda, y continuaremos incidiendo en los espacios multilaterales, representando las demandas del movimiento de mujeres y feminista por una vida plena y digna. Así mismo, continuaremos fortaleciendo las capacidades de las defensoras en la región a través de la cualificación en la argumentación basada en la evidencia, en el monitoreo y en la incidencia multinivel como herramientas para la exigibilidad de los compromisos adoptados por los estados de la región, al interior de los países de América Latina y el Caribe.
[1] https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/11/estudio-reconocer-redistribuir-y-reducir-el-trabajo-de-cuidados
[2] https://conferenciamujer.cepal.org/14/sites/crm14/files/20-00089_crm.14_compromiso_de_santiago.pdf
[3] https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer