El próximo sábado 3 de octubre el Colectivo de Juventudes llevará a cabo la 4ta. edición del FESTIVAL ACTIVISTA por los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes. Este año, acorde a los tiempos que corren, el encuentro será totalmente virtual con actividades gratuitas para adolescentes y jóvenes que podrán acceder desde todas las provincias de Argentina. La Fundación Hora de Obrar, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata hace parte de este Colectivo, lo que muestra el involucramiento de sectores protestantes con la defensa irrestricta de derechos para todos y todas.

El Festival comenzará a las 17.30 horas con cuatro talleres en simultáneo vía zoom para adolescentes y jóvenes de 13 a 25 años. Tati Español abrirá la conversación sobre sexo, disfrute y autoconocimiento; Marika Combativa reflexionará sobre masculinidades diversas; la organización Faro Digital compartirá herramientas para el bienestar digital; y la Asociación Ciclo Positivo debatirá sobre VIH y los caminos hacia la cero discriminación. Para participar en los talleres se requiere inscripción previa porque tienen cupo limitado.

Link formulario de inscripción.

El Festival Activista continuará luego a las 18.30 con una transmisión abierta vía youtube con conducción de Sol Despeinada, que realizará una entrevista a la Lic. Cecilia Ce y al creador de contenidos Luxo Vesprini. Después de la entrevista, el cierre musical será un DJ set con  La Coneja China a partir de las 19.

Jóvenes de la Campaña Federal ESI presentarán su iniciativa para instalar la necesidad de implementar la ley de educación sexual integral en cada provincia y visibilizar las voces de estudiantes con el lema #ActiváLaESI.

Redes del Colectivo de Juventudes:

Instagram @colectivo.juventudes

Youtube Colectivo de Juventudes

SOBRE EL FESTIVAL ACTIVISTA

Desde su creación, el Festival Activista tiene como objetivo ser un espacio de encuentro y participación para que adolescentes y jóvenes puedan debatir, reflexionar y activar por sus derechos, haciendo foco en temas de actualidad e importancia para la agenda de las juventudes. El Festival involucra charlas y talleres de formación para adolescentes, y también espacios con personas referentes en temas claves.

Desde su primera edición en 2017 se trabajó sobre la importancia de la implementación de la Educación Sexual Integral y otros ejes como el aborto legal, seguro y gratuito y la diversidad sexual.

SOBRE EL COLECTIVO DE JUVENTUDES

El Colectivo es una alianza de organizaciones que trabajan con juventudes para la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos con acciones en distintos niveles -local, regional, global- teniendo como eje principal la participación activa de adolescentes y jóvenes.

Está formado por Amnistía Internacional Argentina, Fundación Huésped, FUSA Asociación Civil, RAJAP, RedNac, FEIM, Fundación Hora de Obrar, Fundación Surcos, Fundación Kaleidos, Agenda de Géneros, Conurbanxs por la Diversidad, Colectivo 108 y Ciclo Positivo.

Desde Con Efe buscamos contar que mujeres de fe también hablamos de aborto, lo consideramos y lo efectuamos. Por eso abrimos este espacio en el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.

Esther Domínguez, México–

Soy una mujer de fe, de tradición protestante.  Hace poco más de un año mi novio y yo nos descuidamos en los métodos anticonceptivos y después de un análisis de sangre que me realizaron, supimos que estaba comenzando a gestar, sin embargo como no estaba en nuestros planes decidí interrumpir esta gestación. Lo primero que hice después de hablar con mi novio sobre lo que estaba pasando en mi cuerpo y sobre la decisión que yo tenía, fue buscar ayuda porque no sabíamos cómo era el trámite para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Acudí con una amiga de mucha confianza que también era cristiana, y que estudiaba Derechos Humanos, también le comenté sobre esto a mi acompañante espiritual, una obispa de la iglesia Metropolitana en México y estuvo orando por mí.

De las cosas que más recuerdo con agrado fue el acompañamiento presencial de mi novio y de mi amiga en esos días. Como vivía sola, y trabajaba desde casa, no tuve tanto problema con pedir permiso en el trabajo o buscar algún lugar para hacerlo seguro y tranquila. Todo se hizo en la casa donde vivía en ese tiempo.

Algo que no pude evitar  sentir fue la experiencia de las demás mujeres (jóvenes) que también llegaron el mismo día que yo a la clínica pública a solicitar la ILE, éramos 8 mujeres en mi grupo, y cada una tenía una historia diferente, motivos diferentes, compañía diferente. Mientras esperábamos en la sala, me puse a platicar con una de ellas, Mayra me decía que ella no quería hacerlo, no quería interrumpir su embarazo, pero como había iniciado un tratamiento muy fuerte para el acné, su doctora le recomendó interrumpirlo ya que podría causarle daños severos al feto si deseaba seguir gestando, llorando me lo contaba y yo trataba de consolarla, escucharla y darle ánimos.

El acto fue muy doloroso físicamente para mí, eso fue lo más feo del proceso, no hubo ningún resentimiento de conciencia, al contrario, hablaba con Dios en mis oraciones y le decía que me diera fuerzas para enfrentar esto, que cuidara de mí  y de las demás personas que tuvieran la necesidad de hacerlo, porque sabía que a pesar de que era una práctica segura y legal, había posibilidad de riesgo. Las 12 horas de riesgo (de la interrupción)  pasaron muy rápido en compañía de él, ella, y la Divinidad. En la noche nuevamente sola, dormí tranquila, agradecida con todas aquellas personas que han luchado y exigido que la ILE sea algo real y seguro para muchas mujeres.

En la clínica pública a donde fui, en la ciudad de México, siguieron los procesos con un acompañamiento ginecológico y psicológico, fue un trato muy amable, sin discriminación y con mucha atención. Yo continúe con las entrevistas por teléfono para hablar sobre mi experiencia, me visibilicé como una mujer de fe y practicante de una espiritualidad cristiana protestante, con la finalidad de dar nuevas respuestas sobres este tema y voz de muchas mujeres de fe.

En cudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas desde 2007.

Por: Miguel Estupiñán* / @HaciaElUmbral-

Texto publicado originalmente en voragine.co con ilustraciones de Angie Pik-

Pese a tener abierta una investigación en el Vaticano sobre violencia sexual contra menores de edad, el padre Héctor Reyna Pino dirige una institución educativa para niños y niñas indígenas del Amazonas.

El internado Fray Javier de Barcelona está ubicado en límites entre Araracuara y Puerto Santander, en plena Amazonia colombiana. En marzo de 2016, un año después de su nombramiento como director del plantel por parte de la Gobernación de Amazonas, Héctor Reyna Pino fue denunciado ante la Fiscalía de Leticia por acto sexual violento contra una estudiante indígena que entonces tenía 15 años. En julio de 2017, el inspector de policía de Araracuara recibió una solicitud de parte de una misionera, para que investigara nuevas denuncias por acoso sexual que involucraban al sacerdote. Tales denuncias provenían, entre otras, de cuatro personas cuyas declaraciones, levantadas por el funcionario, fueron remitidas a la Comisaría de Familia del municipio de Solano (Caquetá) en noviembre de ese año.

En febrero de 2018, con base en esas y otras informaciones, Héctor Reyna Pino fue suspendido de sus facultades ministeriales por el Vicariato Apostólico de Leticia. Posteriormente la entidad habría de enviar el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo a cargo de determinar el futuro de la situación jurídica del sacerdote dentro de la Iglesia católica. En agosto de ese mismo año, la Procuraduría General de la Nación lo suspendió provisionalmente, retirándolo de la dirección del internado, sin embargo, las medidas cautelares del Estado colombiano fueron levantadas a los tres meses. Héctor Reyna fue restablecido en su cargo y lleva más de un año de nuevo al frente de la institución educativa. Aquí los hechos y las preguntas que surgen sobre la actuación de los organismos de control.

La denuncia ante la Fiscalía

Después de regresar de un viaje a Bogotá, a donde habrían ido por invitación de Héctor Reyna —según declararon a la Fiscalía en Leticia—, Alicia* y su papá acudieron a la entidad para denunciar un intento de violación por parte del sacerdote contra ella. De acuerdo con los relatos que ambos suministraron esa vez y que quedaron registrados en un formato de noticia criminal junto a la firma de un funcionario del CTI, el hecho ocurrió en la madrugada del 9 de febrero de 2016. La noche anterior, el sacerdote habría llevado a la adolescente y a su papá a un bar. Pasada la medianoche, ya en la habitación de hotel que compartían en la ciudad, Reyna se habría lanzado borracho sobre ella, en un intento de violación del que la menor logró escapar luego de empujarlo y abandonar el lugar.

Las denuncias ante el inspector de Araracuara

Una referencia explícita a Alicia aparece en una de las cuatro declaraciones registradas en noviembre de 2017 por el entonces inspector de policía de Araracuara, Vicente Hernández. Una de las personas interrogadas, para la fecha alumna del grado noveno, aseguró que, alguna vez, mientras se confesaba con el sacerdote, Reyna le había preguntado si Alicia tenía novio. Algo que le pareció muy extraño y a lo que contestó, molesta, que “para cuándo era la confesión”. De acuerdo con la declarante, tiempo después el cura le “cogió rabia” a ella por no atender a sus acosos.

Otra declarante, para la fecha en grado undécimo y ya con 18 años, aseguró haber descubierto un par de años atrás el momento en que una de sus amigas era atacada por el sacerdote. De acuerdo con el testimonio, Reyna habría cerrado con llave la puerta de un lugar junto a la cocina.

“Ella decía: padre, ábrame la puerta y prenda esa luz. Ella me llamaba con ganas de llorar y él decía que se dejara. Entonces, cuando yo llamé, él dejó de inmediato; luego abrió y dijo que no avisara. Ella se puso brava y no cenó. Se vino al dormitorio. Yo le traje la cena. Cuando llegué estaba llorando. Decía que el padre la cogió y le sobaba por encima y le metía la mano por dentro de la camisa y que le alcanzó a tocar los senos y que [a] ella le daba asco de eso y rabia de él”.

Una tercera estudiante manifestó que una mañana, a eso de las 5:40 a.m., el sacerdote le ordenó que fuera a la despensa y le ayudara a cargar una “remesa” hasta la cocina. En esas, la agarró por detrás, abrazándola contra su voluntad. “Yo sentí miedo y le dije: padre, ¿qué le pasa? Suelte. Me dijo: ahorita viene. Me solté, pero no quise volver a entrar. Me dio miedo. Al rato me dijo que por qué yo no había ido, pero me alejé de él rápidamente”. La misma persona manifestó que, antes de que le pasara eso, Reyna “mantenía diciendo que le ayudara con otra alumna; que a él le gustaba ella y que la quería coger”.

Y una última persona manifestó que el sacerdote les habría ofrecido plata a ella y a una compañera para que fueran a la cocina, durante una formación. “Él se puso bravo porque no fuimos —declaró esta cuarta persona—. Nosotras le mandamos a decir que respetara porque él es el rector”. La declarante explicó que abandonó la institución educativa debido a los acosos.

“Me tuve que salir porque él me dijo que si yo les decía a mis padres me sacaba del establecimiento. Luego, el día de entrega de boletín, él le dijo a mi abuela que me llevara para arriba [de regreso a la casa familiar] porque yo no servía para estudiar, sino que para otra cosa”.

Esas cuatro declaraciones fueron levantadas después de que la hermana Narie Ocampo, de las Franciscanas Misioneras de María, alertara al entonces inspector de policía de Araracuara. Ese año había aparecido en uno de los baños de la institución educativa un letrero: “OJO. Padre acosador acosa a las niñas”. El mensaje agregaba el nombre de varias alumnas. Al funcionario le tomó cuatro meses hacer la respectiva investigación y remitir las declaraciones levantadas, junto con una fotografía del letrero, a la Comisaría de Familia de Solano (Caquetá). La razón para que los documentos fueran enviados a dicha entidad es que, si bien el internado depende administrativamente de la Gobernación de Amazonas, territorialmente está en jurisdicción del departamento vecino. En su carta el inspector manifestó, refiriéndose a las cuatro declarantes: “Es preocupante lo que ellas narran”. Y añadió que había razones para pensar que había más víctimas del rector que guardaban silencio: “casos que las menores no comentan ni ponen en conocimiento a sus padres de familia o a la autoridad sea indígena o como es el caso de estas dependencias (sic)”.

La intervención de la entonces procuradora regional de Amazonas

Según Elsi Angulo, entonces procuradora regional de Amazonas, quien se había incorporado a su cargo en noviembre de 2017, solo hasta 2018 ella tuvo conocimiento de las denuncias en contra de Héctor Reyna. Quien la alertó fue la hermana Narie Ocampo. Para entonces, la funcionaria ya estaba al tanto de otros casos de violencia sexual contra menores de edad en el departamento. Junto a la entonces Procuradora Judicial de Familia de Leticia y miembros del ICBF y de la Fuerza Aérea, había viajado al corregimiento de La Chorrera a inicios de año, en el marco de acciones en atención a otras denuncias. En su informe sobre el viaje, escrito el 21 de enero de 2018, Angulo manifestó a Juan Carlos Cortés: “Es menester que el señor Viceprocurador hable con el Fiscal General de la Nación, para que tome acciones que permitan resultados positivos en las investigaciones por delitos sexuales”.

El 30 de julio, la funcionaria visitó el internado Fray Javier de Barcelona, donde escuchó varios relatos que responsabilizaban a Héctor Reyna de violencia sexual contra estudiantes. Dichos testimonios le parecieron lo suficientemente graves como para suspender temporalmente de su cargo al denunciado y así se lo notificó ese día allí mismo al sacerdote, rector de la institución. La medida cautelar quedó en pie a partir de ese momento.

El 10 de agosto la Procuraduría General de la Nación informó a la opinión pública sobre la decisión, señalando que en principio la suspensión estaría vigente por tres meses mientras avanzaban las investigaciones. Para entonces, el sacerdote llevaba casi seis meses suspendido de sus facultades ministeriales en la Iglesia católica.

“En presencia de Dios”

Según manifestó el 16 de julio de este año monseñor José de Jesús Quintero, superior de Héctor Reyna, el sacerdote fue suspendido de sus facultades ministeriales el 14 de febrero de 2018, en atención a las denuncias en su contra, y desde entonces “no tiene ningún cargo ni nombramiento de parte del Vicariato Apostólico de Leticia”. Añade el prelado, pero sin precisar la fecha, que “se presentó el caso a la Sagrada Congregación, en Roma, con todas las informaciones recibidas y en la forma como se recibieron” y que, desde entonces, el Vicariato de Leticia está en espera de “los estudios que, del caso, haga la Iglesia a través del Tribunal Eclesiástico y de que indique los pasos a seguir”.

Según monseñor Quintero, los documentos enviados a Roma son unas copias de una denuncia ante la Secretaría de Educación, de las denuncias ante el inspector de policía de Araracuara y de una denuncia de una religiosa ante una funcionaria del Ministerio Público en Bogotá. Al hacer referencia a esos documentos, el prelado enfatiza que no conoce a las menores y que sus declaraciones no iban acompañadas por las firmas de sus padres. También refiere a comentarios escuchados sobre el comportamiento del sacerdote pero, de nuevo, hace énfasis en que dichos comentarios “no fueron plasmados por escrito ni firmados por las personas que los hacían”.

A través de una carta dirigida a monseñor Quintero en septiembre de 2019, una madre de familia cuya hija manifestó también haber sufrido acoso sexual por parte del actual rector del internado Fray Javier de Barcelona, planteó repensar la presencia eclesial en la región y enviar “misioneros laicos”, en lugar de sacerdotes. Otra persona, también dirigiéndose al prelado, describió a Reyna como “una persona que, por sus múltiples problemas de ética, no ha sabido encaminar a los educandos de la institución”. Estos y otros documentos, firmados por los remitentes en fecha similar, refieren explícitamente a actos de violencia sexual, pero no son mencionados por monseñor Quintero cuando hace referencia a las denuncias recibidas por él y remitidas a Roma.

La hermana Narie Ocampo asegura que dichos documentos fueron radicados en la Curia del Vicariato Apostólico de Leticia. Va más allá, al criticar que el prelado a cargo de la entidad le haya restado importancia a las primeras denuncias y que solo haya tomado cartas en el asunto después de que estas llegaran a la Secretaría de Educación del departamento.

Vos estis lux mundi es el motu propio del papa Francisco del 9 de mayo de 2019 sobre las normas a seguir dentro de la Iglesia católica en reacción a denuncias por abuso sexual contra menores de edad por parte de clérigos. El documento plantea que “las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman haber sido afectados, junto con sus familias, para que sean tratados con dignidad y respeto, y han de ofrecerles, en particular: acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos; atención espiritual; asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso”.

Nada de ello se ha ofrecido hasta el momento a las personas que manifiestan con nombre propio ser víctimas de Héctor Reyna. Monseñor Quintero afirma no tener conocimiento de algún fallo de la justicia colombiana en contra del sacerdote. Pero, con todo y los documentos en su poder, deja muy clara su posición frente al asunto: “El juicio en torno al actuar de los ministros y de la Iglesia no lo hago yo, lo pongo en la presencia de Dios y lo encomiendo a Él, porque es Él el que me da seguridad de plena verdad y plena justicia”.

“Sin Dios ni ley”

Según manifestó el 3 de agosto de este año José Felipe Ávila, jefe de la oficina de control interno de la Secretaría de Educación del Departamento de Amazonas, para la fecha no existía pliego de cargos en contra de Héctor Reyna ni se había decidido archivar eventuales procesos en curso en la entidad sobre él. Razón por la cual, según Ávila, no se podía suministrar información sobre el estado de eventuales investigaciones en curso contra el funcionario por violencia sexual, ya que esta, a su parecer, cuenta con reserva legal.

En septiembre de 2018, la procuradora regional de Amazonas que decidió suspender provisionalmente al sacerdote de su cargo público fue declarada insubsistente por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. La exfuncionaria le atribuye la decisión a presiones de grupos políticos afectados por investigaciones sobre corrupción en el departamento que, entre otras cosas, habían llevado a que 20 diputados y exdiputados fueran sancionados y destituidos de sus cargos. Según explicó La Silla Vacía al momento de dar la noticia, se trata de un caso similar al de la exprocuradora regional de Vichada, Claudia Osorio, declarada insubsistente por Carrillo también en septiembre de ese año, después de que “venía de denunciar supuestas irregularidades en la contratación de la Gobernación”.

Más de un año después de abierta la investigación en la Procuraduría Regional de Amazonas que llevó a la suspensión provisional del rector del internado Fray Javier de Barcelona, no ha habido decisiones al respecto y el suspendido sacerdote sigue al frente de la institución educativa, luego de su restitución a finales de 2018. Una denuncia penal contra José Wilson Elizalde, vincula el nombre de Reyna a presuntos “delitos contra la recta impartición de justicia” dentro de la Procuraduría Regional de Amazonas. Mediante el documento, radicado en la Fiscalía en diciembre de 2018, un docente de la región, también investigado por violencia sexual, hace referencia al sacerdote, cuando asegura que en la Procuraduría Regional de Amazonas “todo se maneja pagando”. Lo anterior pone el foco en la corrupción en el departamento como una de las posibles explicaciones sobre la falta de celeridad para resolver la situación jurídica y disciplinaria de funcionarios sobre quienes pesan acusaciones.

Según el comunicado emitido en agosto de 2018 por la Procuraduría General de la Nación para informar sobre la suspensión provisional del sacerdote por tres meses, dicha decisión estuvo fundada, entre otros hallazgos, en el contenido de un informe de la Comisaría de Familia de Solano (Caquetá) dirigido a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Amazonas. Sin embargo, tras consultar a la Comisaría de Familia de Solano acerca de dicho documento, Piedad Constanza Lizcano, funcionaria a cargo de la entidad, respondió el 10 de julio de este año que en su oficina no se encontró “registro alguno” del mismo.

La hermana Narie Ocampo denunció nuevamente a Héctor Reyna el 29 de enero 2019, esta vez directamente en Bogotá, según ella, después de que un funcionario de la Defensoría del Pueblo le dijera que no valía la pena hacerlo en Leticia. Así que aprovechó un viaje a la capital para hacerlo. Su queja fue registrada por Liliana Tovar Celis, funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y familia. En ella se lee que “la presencia de ese rector en el internado es un peligro para toda la comunidad educativa”. 

La misionera agregó que “la mayoría de las niñas que han dejado el internado ha sido por él, por sus manifestaciones de que se dejen tocar, que estén a solas con él”. El documento da cuenta del que sería un segundo caso de una estudiante llevada por Héctor Reyna a Bogotá. El hecho habría ocurrido también en 2016, pero durante las vacaciones de mitad de año, y habría involucrado a una alumna entonces de 14 años, quien nuevamente habría sido llevada a la capital por el sacerdote un par de años después. “Me consta porque en el mismo vuelo en que yo viajé de Araracuara a Bogotá él venía con la niña; era un avión de Satena”, dijo la hermana Ocampo, bajo gravedad de juramento, refiriéndose específicamente al segundo viaje y antes de añadir que la relación abusiva era conocida por familiares de la menor: “Los abuelos venían al internado por mercado y la gente decía: ya recogieron la vacuna. Eso lo sabe todo el mundo en Puerto Santander y Araracuara”.

Una líder indígena de la región, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por seguridad, respalda lo dicho por la religiosa y agrega que habría otras familias al tanto del comportamiento del sacerdote hacia sus hijas o nietas que lo admiten a cambio de gasolina, dinero o “remesa”. La líder sostiene que a pesar de las denuncias emitidas ante las autoridades no parece haber “ni Dios ni ley” frente a lo que pasa en relación al actual rector de Fray Javier de Barcelona. De acuerdo con su testimonio, también su hija sufrió acoso por parte del funcionario, antes de que ella decidiera enviarla a terminar el bachillerato en Bogotá. La madre advierte que por su oposición al comportamiento del sacerdote ha sido rechazada dentro de la comunidad y teme recibir amenazas al comprometerse más abiertamente con las denuncias.

Cautela

Más de cuatro años después de que fueran registradas las primeras denuncias en contra de Héctor Reyna, las entidades responsables de determinar la situación jurídica y disciplinaria del sacerdote siguen sin llegar a conclusiones.

Desde 2016, a las denuncias sobre violencia sexual contra Reyna se añaden acusaciones sobre corrupción, trabajo forzoso y acoso laboral que involucran falsificación de firmas y maltrato físico y psicológico contra docentes del internado Fray Javier de Barcelona. Un par de docentes que han interpuesto denuncias contra Reyna ante la Secretaría de Educación de la Gobernación de Amazonas fueron contactados y ratificaron sus acusaciones contra el rector, pero se abstuvieron de dar nuevas declaraciones, por miedo a las presiones que puedan recibir. Son parte de quienes aseguran que hay una ley de silencio impuesta en los límites entre Araracuara y Puerto Santander en lo que tiene que ver con el comportamiento del funcionario. Entre dichas personas se encuentran una madre de familia de las que escribieron al Vicariato de Leticia con nombre propio y la hermana Narie Ocampo, quien sacó a la luz las primeras denuncias por acoso sexual y quien afirma no temer a las retaliaciones en su contra, pues considera que las gestiones que ha emprendido las ha hecho movida por el interés de que haya justicia.

Al negar información sobre el estado de las investigaciones en curso que involucran a Héctor Reyna, la Secretaría de Educación de la Gobernación de Amazonas privilegia el respeto de los derechos del “sujeto procesal”. Pero, según el Código de Infancia y Adolescencia, “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona”. De modo que, “en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, habría de aplicarse la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”. Este último principio proviene de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Estado colombiano.

¿Debería haber nuevas medidas cautelares por parte del Estado colombiano para garantizar la protección de las estudiantes del internado Fray Javier de Barcelona? La abogada Beatriz Luna, consultora en derechos humanos, migración y trata, piensa que sí. Añade que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debería hacer parte de la urgente intervención que el caso necesita en diálogo respetuoso e intercultural con las autoridades indígenas de la región.

Como advierte Luna, la Amazonía es escenario de permanentes vulneraciones, entre ellas la trata “cuando se capta, se traslada, se acoge o se recibe a alguien con fines de explotarlo. Lamentablemente, una de las finalidades de explotación es la relacionada con aspectos sexuales y hay situaciones también en que estos menores han sido explotados en temas laborales, de trabajo forzoso”. En su opinión, lo importante es la población infantil y, ante todo y sobre todo, con miras a que no se repitan hechos de violencia en su contra; el Estado debe determinar el nivel de riesgo en que están los estudiantes del internado y sus familias, en función de que se cumpla de manera constitucional el derecho a la protección. Es decir, con garantías para la persona denunciada y el debido proceso, pero con celeridad por parte de las autoridades, asegura Luna, antes de agregar: “Si lo del Vaticano está demorado o no hay respuesta, ¿dónde quedan las víctimas?”.

La hermana Narie Ocampo decidió no hacerse la de la vista gorda ante las denuncias. Pero todavía falta que los órganos de control lleven a término las acciones emprendidas. ¿Les cumplirá el Estado a las niñas indígenas?

*Nombre cambiado por cuestiones de seguridad.

Nota: Héctor Reyna Pino fue contactado, pero se negó a ofrecer declaraciones.

Por Bê Moraes, Brasil-

Ser una persona bisexual en una sociedad donde la cis-heternormatividad es el patrón, tiene sus complejidades. Lamentablemente, todavía hay mucha bifobia arraigada en la concepción de muchos, y dejar la hetero u homo dualidad, como si fueran las dos únicas posibilidades de orientación sexual, es una afrenta. Lo que va más allá es exageración, experimentación, indecisión, curiosidad, “falta de vergüenza en la cara”. Por supuesto, como si la orientación sexual fuera una elección.

La experiencia de descubrirme a mí misma como mujer bisexual pasó por varias preguntas sobre lo que yo consideraba realmente posible o “normal” para mi vida. Si a los ojos de la sociedad secular ser bisexual no está bien considerado, imagínese dentro de la iglesia.

Dar el primer paso y tomar conciencia de quién era realmente fue lo más difícil. Por un lado, siempre he escuchado y normalizado el discurso de que Dios creó al hombre y a la mujer y uno fue hecho para el otro. Si hay algo más que eso, es pecado, por lo tanto, evitable, después de todo “tienes libre albedrío”.

Además del miedo a sentirme atraída por las mujeres, la baja representación bisexual en mi círculo social y una certeza: me gustaban los hombres. No había nada que discutir. Cuando me pregunté sobre la atracción por las mujeres, surgieron rápidamente dos pensamientos: “No soy lesbiana, entonces, ¿qué soy?” y “si me gustan los hombres, ¿por qué pecar cuando me relaciono con una mujer?”

Durante mucho tiempo fui incapaz de romper esta lógica, que también fue reforzada por la predicación y el discurso religioso. Cuando finalmente comprendí que mi sexualidad es parte de quien soy y que no me aleja de Dios, al contrario, me acerca, mi relación con Él y mi autoaceptación comenzaron a cambiar. Descubrí que tiene una fuerza poderosa para decirme a Dios y a mí misma quién soy realmente y no podía ni quería ocultárselo al Padre, siendo una verdad sobre mí.

Tampoco sería justo vivir escondida detrás de relaciones heterosexuales por miedo, inseguridad o incluso comodidad. No sería justo pretender ser alguien que no soy solo para no “escandalizar” a alguien o peor aún, para evitar tener que enfrentar la realidad: miradas torcidas, juicios y prejuicios.

No es raro escuchar que las personas bisexuales son promiscuas, más propensas a engañar, indecisas, probando o en transición para decidir lo que realmente son, como si la sexualidad humana fuera simple, etiquetable y encajara en una caja con solo dos opciones. La verdad es que además de todo esto es solo mucho prejuicio, la bisexualidad (o cualquier otra no monosexualidad) es muy compleja.

Por un lado, nos enfrentamos a una sociedad muy lgbtfobica e intolerante y, por otro, a veces incluso entre las personas LGBTI +, está la eliminación de las personas bisexuales. Es obvio que es más cómodo para cualquier persona relacionarse dentro del status quo y no pasar por situaciones de violencia y privación por su sexualidad, pero eso no significa que los bisexuales siempre opten por estar en relaciones heterosexuales. Esta es otra falacia.

Cada grupo e individuo en la comunidad LGBTI + tiene sus especificidades, dificultades y puntos en común y de ninguna manera debemos permitir que una pelea borre a otra, compita y cree divisiones entre personas que ya están tan marginadas y abandonadas. Al contrario, nuestro deber es fortalecernos. Depende de todos, juntos y juntas, luchar por otro tipo de sociedad, en la que nuestros cuerpos y experiencias sean respetados y tengan plenos derechos como cualquier otro. Derecho a amar, a vivir, a disfrutar, a caminar, a rezar, a vestir o no, a envejecer, a regocijarse. Derecho a existir.

La autora es cristiana, bisexual, licenciada en lingüística, futura periodista y forma parte del equipo de comunicación de Evangélicxs por la Diversidad

Evangélicxs por la Diversidad es una red que reúne a personas y aliados/as LGBTI que se identifican como evangélicas y que entienden que la diversidad sexual y la identidad de género deben celebrarse como expresiones de fe y espiritualidad, y que independientemente del género o sexualidad, las comunidades de fe puede ser un lugar seguro para todos.

Publicado en http://novosdialogos.com/

Traducción: Con Efe Comunicaciones

El Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe FAU-AL es un fondo feminista regional que contribuye a la sostenibilidad y el fortalecimiento de las activistas y sus movimientos, con apoyos ágiles y rápidos ante situaciones de riesgo y oportunidad.

Apoyamos las resistencias, luchas y demandas de las defensoras en la transformación de sistemas de injusticia y desigualdad, poniendo la protección integral feminista y el cuidado en el centro. Desde nuestra fundación en 2009, la defensa del territorio y la naturaleza y la búsqueda de alternativas al extractivismo han sido temas prioritarios para nosotras.

Convencidas de la importancia de apoyar a las activistas que defienden sus territorios en un contexto como el latinoamericano, creamos en el 2013 el Programa Mujeres y Territorios. En 2016 el FAU-AL creó los Apoyos Estratégicos para fortalecer los procesos de resistencia y las propuestas e iniciativas de organizaciones y grupos de mujeres, que promuevan de manera integrada la protección de los territorios, los bienes comunes y los derechos de las mujeres, personas trans y no binarias o disidentes de género.

A través de estos apoyos queremos impulsar la agencia de estas organizaciones para lograr transformaciones profundas en nuestra región y responder a los desafíos que enfrentan de manera permanente. Sabemos que, por el contexto de la pandemia, los problemas y desafíos para las comunidades tradicionales y rurales en la región son muchos, empezando por la garantía de condiciones básicas para la prevención y tratamiento del virus, así como del sostenimiento de la vida en general.

Por esta razón, el FAU-AL lanza esta convocatoria de Apoyos Estratégicos para contribuir a que las organizaciones y grupos puedan continuar movilizando en su capacidad de dar respuestas comunitarias en este escenario y seguir sus agendas políticas en la defensa de sus derechos y la pervivencia de sus modos tradicionales de vida. Así mismo, queremos potenciar sus capacidades para demandar respuestas efectivas por parte de los Estados y para protegerse y continuar sus resistencias ante las amenazas que siguen vigentes para sus territorios y comunidades. Para esta convocatoria se pueden incluir iniciativas que busquen reaccionar a las emergencias comunitarias en el contexto actual, siempre y cuando estén articuladas a las estrategias colectivas de defensa del territorio. Si su organización necesita recursos para responder de manera urgente a las afectaciones de la pandemia o a otro tipo de riesgos o situaciones inesperadas, pueden solicitar un Apoyo de Respuesta Rápida del FAU-AL. Encuentra los criterios aquí.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Las propuestas apoyadas por FAU-AL serán desarrolladas de manera independiente y autónoma por las organizaciones, en un período de 6 meses a partir de la recepción de los recursos, hasta finales de abril de 2021.

• Las propuestas deberán ser presentadas y ejecutadas por organizaciones y/o colectivas que se encuentren en los territorios, y no por organizaciones, instituciones, personas o consultoras que no habiten en ellos.

• Entendiendo el carácter colectivo y comunitario de las luchas por la defensa del territorio, las iniciativas propuestas pueden incluir a hombres, sin embargo, deben ser coordinadas y ejecutadas por mujeres, activistas trans* y/o disidentes del género, y los recursos deben ser administrados directamente por ellas/ellxs.

• No es necesario que las organizaciones cuenten con personería jurídica, pero si no la tienen, requerirán de una organización que actúe como aval fiscal, es decir, que reciba los recursos y avale su buen uso. Esta organización intermediaria debe contar con una cuenta institucional.

• Debido al contexto, en esta convocatoria es posible que las organizaciones destinen parte de los recursos para fortalecer iniciativas productivas, siempre y cuando estén articuladas a la misión y apuesta política de la organización, fortalezcan la autonomía y sostenibilidad colectiva de las comunidades antes y después de la crisis generada por la pandemia.

• Así mismo, también podrán destinar recursos para posibilitar o ampliar la comunicación y conectividad entre integrantes de la organización y las comunidades, en aras de contribuir al trabajo y actuación del colectivo. ¿Quiénes pueden aplicar?

• Organizaciones y colectivas locales, departamentales o nacionales de mujeres y/o feministas que tengan un trabajo permanente entorno a la defensa de los territorios y la naturaleza.

• Organizaciones mixtas comunitarias, indígenas, afrodescendientes, raizales y campesinas que cuenten con una línea de trabajo específica sobre derechos de las mujeres vinculado a la justicia ambiental, y en las cuales las mujeres tengan un liderazgo significativo.

• Las organizaciones deben estar ubicadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.

¿Qué tipo de propuestas NO apoyamos?

• Propuestas que no prioricen de manera clara los derechos de las mujeres y/o una perspectiva de género o feminista y/o que no sean lideradas y coordinadas por mujeres y activistas trans* o disidentes del género.

• Propuestas que trabajen temáticas distintas a los derechos de las mujeres vinculados a defensa del territorio y la justicia ambiental. • Organizaciones que se encuentren en países distintos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú o México.

• Propuestas presentadas por organizaciones lideradas por hombres, instituciones gubernamentales, empresas, partidos políticos o grupos religiosos.

¿Qué propuestas apoyamos?

En nuestra convocatoria abierta para Apoyos Estratégicos 2020- 2021, recibiremos propuestas que abarquen una o varias de las siguientes estrategias:

1. ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Acciones orientadas a influir en la opinión pública y/o en tomadores de decisiones a nivel comunitario, local y nacional, así como ante mecanismos de protección de derechos humanos a nivel regional y/o internacional y donantes. Además, se pueden contemplar acciones ante autoridades de justicia indígena o comunitaria, o al interior de las organizaciones y/o movimientos. Se dará prioridad a las propuestas que tengan como objetivos:

• Promover un cambio social, político y cultural que genere un clima favorable para el quehacer de las defensoras de los territorios.

• Participar en la construcción, planeación, implementación y monitoreo de políticas ambientales en los ámbitos local, nacional y regional, que incluyan las demandas de las mujeres.

• Exigir la garantía de la participación efectiva de las mujeres en espacios de toma de decisiones que afectan sus territorios. • Influenciar actores clave para frenar las actividades extractivas que afectan sus territorios, exigir reparaciones e indemnizaciones por daños ambientales y/o denunciar violaciones de derechos de las mujeres y sus comunidades por parte de agentes estatales y privados. • Transformar prácticas al interior de las organizaciones y comunidades que reproducen y legitiman la violencia y discriminación contra las mujeres y personas trans* y disidentes del género y las defensoras del territorio. • Posicionar las demandas específicas de las mujeres defensoras del ambiente y el territorio y lograr el reconocimiento de los riesgos e impactos particulares que enfrentan.

• Desarrollar estrategias y acciones para reaccionar a los impactos de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Demandar medidas de prevención, protección y auxilio de las autoridades y gobiernos frente a la situación actual y las consecuencias futuras de la crisis del COVID-19 para las comunidades en defensa del territorio.

• Influenciar donantes y otros actores que puedan contribuir al financiamiento y sostenibilidad de las organizaciones a corto, mediano y largo plazo.

2. ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Las propuestas presentadas pueden incluir acciones específicas encaminadas a fortalecer las capacidades y/o acciones para la prevención y disminución del riesgo, o vinculación de la protección como una estrategia transversal y articulada a otro tipo de acciones. Las propuestas pueden abarcar:

• Construcción, fortalecimiento y revisión de prácticas, estrategias y acuerdos para el cuidado y la protección personal y colectiva de las defensoras y sus organizaciones (incluyendo los ámbitos emocional, físico, espiritual y digital).

• Estrategias para fortalecer la seguridad, protección y el cuidado digital de las defensoras del territorio y sus organizaciones.

• Acciones para la protección espiritual, resistencia cultural y sanación: En esta categoría apoyamos el fortalecimiento de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, campesinos para mantener sus formas de vida, su relacionamiento con el territorio y la naturaleza, cosmovisión, memoria y espiritualidad, así como su lucha permanente ante la colonización y las amenazas actuales del modelo extractivista. Puede abarcar acciones como: procesos de sanación colectiva, protección a través de rituales y ceremonias, recuperación de la memoria del territorio y de saberes tradicionales.

• También se puede destinar parte de los recursos para estrategias de bioseguridad para prevenir el contagio del virus e iniciativas de fortalecimiento de la salud desde la perspectiva comunitaria.

3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Las organizaciones podrán presentar propuestas en dos líneas de trabajo: 1) implementación de estrategias de comunicación y; 2) fortalecimiento de las capacidades organizativas en este ámbito. Estas líneas de trabajo deben tener alguno de los siguientes objetivos:

• Visibilizar la labor de las activistas y promover un ambiente favorable para la labor de defensa del territorio, la naturaleza, los derechos de las mujeres y las personas trans* y derechos colectivos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, quilombolas y comunidades campesinas.

• Denunciar violaciones a sus derechos y/o impunidad.

• Agenciar cambios en las políticas y/o prácticas ambientales y frenar la violencia estructural contra las mujeres, defensoras y activistas de la diversidad.

• Generar contenidos y materiales útiles para la movilización y la incidencia a favor de las activistas y sus comunidades y cambiar narrativas en torno a su trabajo y los desafíos que enfrentan. Se recibirán propuestas dirigidas a la elaboración de material radial, audiovisual, y creación artística; realización de campañas de sensibilización e incidencia, incluyendo acciones de protesta, movilizaciones, acciones urgentes y de solidaridad. Estas propuestas podrán estar dirigidas a actores específicos o al público en general. Se valorará el rescate de la oralidad y saberes ancestrales y populares. En el marco de la pandemia, se puede incluir iniciativas comunicativas para promover el cuidado comunitario, así como ampliar y fortalecer la conectividad y condiciones de comunicación de las defensoras y organizaciones.

APOYO PARA EL CUIDADO COLECTIVO

Nuestra apuesta ética y política consiste en poner el cuidado en el centro de todas nuestras acciones y estrategias. Entendemos el cuidado como una práctica cotidiana y una decisión encaminada hacia la prevención y protección integral, que aporta al bienestar personal y colectivo de las activistas y a la sostenibilidad de sus movimientos. Así mismo, entendemos que el cuidado personal y colectivo está vinculado a la sostenibilidad de la tierra, los territorios y la vida en todas sus formas.

Por ello, cada Apoyo Estratégico otorgado por nosotras podrá contar con un monto adicional de hasta USD2000 para llevar a cabo acciones que promuevan el cuidado colectivo al interior de las organizaciones. Con este fondo adicional queremos apoyar propuestas de cuidado colectivo digital, físico, emocional y/o espiritual. Creemos que no hay fórmulas infalibles y únicas para esto.

Las invitamos a que incluyan en su aplicación propuestas de cuidado acordes a sus necesidades, intereses y contextos y/o que recuperen las prácticas y saberes de las comunidades y de las mujeres para el bienestar de las defensoras y sus organizaciones. Las estrategias de cuidado se desarrollarán de manera simultánea a las estrategias de comunicación, protección e incidencia que su organización proponga.

Monto máximo a financiar en estrategias de comunicación, protección e incidencia: USD 8.000

Monto máximo a financiar para cuidado colectivo: USD 2.000 Fecha límite para envío de propuestas: 1 de octubre de 2020 a las 23:59 Hora local

Enviar la propuesta al correo: estrategicos@protonmail.com

Para cualquier duda escribe al correo: territorios2@fondoaccionurgente.org.co.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT) conformada por 86 organizaciones defensoras de derechos humanos, en 23 estados de la República Mexicana, entre ellas el colectivo feminista Católicas por el Derecho a Decidir, rechazan los pronunciamientos de las autoridades y repudian categóricamente las acciones con uso de la fuerza y violencia sexual perpetradas por agentes de corporaciones policiales contra las movilizaciones de mujeres y familias de víctimas en diversos estados del país, quienes ejercen su legitimo derecho a la protesta, en búsqueda de acceso a la verdad y la justicia.

El comunicado dice:

• Exigimos el cese inmediato a la represión y criminalización de las manifestaciones de las mujeres defensoras y familias de víctimas en todo el país.

• El Estado, en todos sus niveles, debe abstenerse de emitir discursos tendientes a invisibilizar las violaciones a los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres y aquellos que criminalizan el derecho a la legítima protesta.

• Denunciamos la violencia ejercida contra las protestas feministas por parte de agentes estatales en diversos momentos de los últimos meses.

Es alarmante que, en los últimos 4 meses, se haya confrontado a las mujeres por medio de represión sistemática a manifestaciones legítimas en Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; así como las recientes contra las manifestantes en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y frente al Centro de Justicia de Atizapan.

Mientras la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes se incrementa, con indignación observamos en México a un Estado omiso ante los reclamos de garantías de los derechos de humanos de las mujeres y que además criminaliza la protesta social y no cumple con favorecer el acceso de las víctimas a la justicia.

Es urgente que los gobiernos federales y estatales ejerzan acciones decisivas y responsables atendiendo de manera eficiente las demandas de las mujeres en protesta.

Exigimos al Estado mexicano que en todo momento respete, promueva y garantice los derechos de las defensoras, activistas y familias en protesta, absteniéndose de utilizar la fuerza pública. Asimismo, demandamos que las autoridades omitan los discursos que invisibilizan las protestas y que criminalizan y encasillan a los movimientos sociales que protestan por el solo hecho de buscar acceso a la justicia.

Ya es hora de que el Estado mexicano garantice el cese inmediato de la violencia contra los movimientos de mujeres y familias de víctimas en todo el país.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH), (Pachuca, Hgo.), Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

La Iglesia Evangélica del Río de la Plata a través de la Federación de Congregaciones de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata en el Paraguay (FEDIPA-IERP) manifiesta profundo dolor y consternación ante la muerte violenta de dos niñas de 11 años en la zona de Yby Yaú el pasado miércoles 2 de septiembre de 2020. La muerte de dos niñas en tales circunstancias no puede jamás ser exhibido como si se tratase de un espectáculo. Más bien se trata de un hecho repudiable y aberrante que, sumados a muchos otros más, deben llamarnos a una profunda reflexión sobre el tipo de sociedad y país que estamos construyendo.

Las situaciones de exclusión, falta de tierras y oportunidades para una vida digna no se resuelven por medio de las armas. En tal sentido, condenamos el actuar de grupos que operando al margen de la ley se convierten en organizaciones que generan violencia y crimen. Pero también afirmamos que es una obligación irrenunciable del Estado proteger a la población, especialmente a los más débiles, haciendo pleno uso de los instrumentos que le provee la ley y nunca por fuera de ella, ajustándose a las normas con criterios de transparencia, proporcionalidad y justicia.

Es por ello que exhortamos al gobierno de la República del Paraguay a que arbitre todos los medios necesarios que permitan investigar los hechos ocurridos, sin entorpecimientos ni encubrimientos. Porque solo es posible la paz allí donde haya justicia. Al mismo tiempo manifestamos que es tarea del Estado en diálogo con el conjunto de los actores de la sociedad civil desarrollar políticas públicas capaces de garantizar una mejor calidad de vida: colegios, hospitales, fuentes de trabajo, seguridad, acceso legal a las tierras y tantas otras, son condiciones indispensables para generar paz social.

Proteger a los niños y las niñas, brindarle todas las oportunidades para que puedan crecer y vivir libres de violencia, maltrato y abusos, garantizando su integridad, por encima de los intereses personales, es una responsabilidad que nos cabe a todos y es un derecho que debe ser preservado siempre. Que así sea.

Pastor Daniel Frankowski
Pastor Distrital de la FEDIPA – IERP

Pastor Leonardo Schindler
Pastor Presidente Iglesia Evangélica del Río de la Plata

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Lo que pasó

María Carmen y Lilian Mariana Villalba (primas), quienes vivían en la localidad misionera de Puerto Rico, se encontraban en Concepción visitando a sus familiares, fueron asesinadas por las FTC el 2 de septiembre, en un hecho que se presentó como “enfrentamiento” y fue celebrado por el mismo presidente de la República como victoria de su gobierno, ya que supuestamente se habían abatido a feroces criminales.

Al multiplicarse las demandas por conocer la identidad de las personas asesinadas, el forense del Ministerio Público, Cristian Ferreira, dijo que los cuerpos correspondían a menores de edad de entre 15 y 17 años, ¿puede un médico forense equivocar un cuerpo de 11 años con el de una adolescente de 17 años?

Posteriormente las niñas fueron enterradas sin que se comunicaran los datos de la autopsia. Los enormes trajes camuflados -se encontraban intactos en las fotografías y serían una importante evidencia del procedimiento- se incineraron precipitadamente con la excusa del COVID.

Miriam Villalba, la madre de una de dos las nenas, denunció que su hija fue torturada y pidió protección al Gobierno local. La ONU exigió al gobierno paraguayo que investigue los hechos de forma imparcial.