Tribunal Ético afirma que las mujeres son víctimas directas de agresión por defender los territorios
El pasado 28 de octubre de 2020, en el marco del proceso hacia el IX Foro Social Panamazónico, dando continuidad a los tribunales previos, emblemáticos en la denuncia de la vulneración de los derechos humanos a niveles nacionales y globales, sesionó el II TRIBUNAL ÉTICO DE JUSTICIA Y DERECHOS DE LAS MUJERES PANAMAZÓNICAS Y ANDINAS .
A continuación compartimos la descripción de los casos de Brasil, Colombia y Perú presentados en el Tribunal, así como el veredicto emitido por las juezas Ketty Marcelo López, Virginia Vargas, Maria Betania Ávila y Lailor García Gómez.
Los Estados de Brasil, Colombia y Perú y sus diferentes instancias de gobierno junto con las empresas transnacionales y grupos paramilitares han vulnerado sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, en especial la vida de las mujeres, en las diferentes comunidades de la Amazonia, incumpliendo el derecho internacional y el derecho interno de cada país.
En todos los casos las mujeres son víctimas directas de la agresión por defender e interponerse ante la apropiación del territorio que constituye el espacio vital y referencia para la continuidad de la existencia de sus respectivas comunidades, o el ambiente y los bienes indispensables para la sobrevivencia de la especie.
Además, a consecuencia del Covid-19, las mujeres indígenas son las que han soportado de manera desproporcionada los impactos negativos de las políticas de neodesarrollo en los territorios indígenas tradicionales, ya que al ser responsables de cuidar la salud y alimentación de las comunidades, son las que sufren más directamente la inseguridad alimentaria y el hambre que se han hecho aún más presentes frente a la política de no demarcación e invasión de territorios y de contaminación de tierras y aguas, impidiéndoles cultivar sus propios alimentos y siendo sometidas a pesticidas y al consumo de alimentos que no se corresponden con la cultura alimentaria de su pueblo. Se destruye la tierra, pero también los cuerpos de las mujeres.
El tribunal denuncia que en todos los casos revisados se han violentado los siguientes derechos:
Derecho al acceso, goce y garantía del territorio indígena tradicional.
Derecho a la salud integral.
Derechos de las mujeres a salud sexual y salud reproductiva.
Derecho a una vida libre de violencias.
Derecho a trabajo digno.
Derecho a la educación intercultural.
Derecho a un ambiente saludable libre de contaminación.
Derecho a la defensa de los recursos naturales.
Derecho a la autonomía para el uso de y goce de sus territorios.
Derecho a la consulta previa y consentimiento libre e informado.
Derecho a los recursos naturales (agua y tierra).
Derecho a la autonomía y soberanía alimentaria.
Derecho al gobierno propio.
Derecho a la participación en la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y programas de los pueblos indígenas.
Todos estos derechos están consagrados por la normatividad internacional e interamericana.
La descripción de casos puede bajarse aquí: Descargar descripción de casos
Fuentes: FOSPA y Justicia y Paz, Colombia