Organizaciones sociales y feministas de Colombia presentaron reporte ante la CIDH sobre VS y VBG durante el Paro Nacional
Durante la reciente visita de trabajo de la CIDH a Colombia para observar la situación de DDHH en el marco de las protestas, 12[1] organizaciones sociales y feministas presentaron un reporte sobre Violencia Sexual -VS y Violencia Basada en Género -VBG en el contexto del Paro Nacional, el cual documenta 9 casos representativos donde evidencia cómo la Fuerza Pública ha utilizado estas formas de violencia para “impedir el ejercicio del derecho a la protesta, a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a vivir una vida libre de violencias”.
En el informe, además, hacen una serie de recomendaciones al organismo para que inste al Estado a garantizar los DDHH de las mujeres y población en general.
Desde el inicio de las manifestaciones del 28 de abril, y a lo largo del Paro, miles de mujeres, especialmente jóvenes, han participado de manera activa tanto en las movilizaciones como en plantones y marchas feministas, e incluso, en ciudades como Bogotá se han conformado grupos como Mamás Primera Línea, para hacer frente a la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD, aparato represivo del Estado acusado por diferentes organismos de DDHH nacionales y regionales por el uso excesivo de la fuerza, el asesinato, agresión y violencias de todo tipo durante el Paro Nacional y otras jornadas de protestas en Colombia anteriores al 28 de abril.
Según el informe presentado, entre las principales violaciones contra las mujeres como parte de la represión de la protesta se encuentran la violencia sexual, las detenciones ilegales y arbitrarias que incrementan riesgo de VBG y VS y las agresiones físicas: “La Campaña Defender la Libertad registró 491 mujeres víctimas de violencias policiales y 29 casos de VBG –que incluyen distintas formas de VS– entre el 28 de abril y el 2 de junio. A su vez, de acuerdo con Temblores ONG, al 31 de mayo de 2021 se registraron 25 víctimas de VS y 6 víctimas de VBG . Por su parte, según registros de la Defensoría del Pueblo , hasta el 21 de mayo de 2021 se recibieron reportes de 106 casos de VBG en contra de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco de las protestas por el Paro Nacional, en un total de 19 departamentos del país. De estos 106 casos, 23 corresponden a hechos de violencia sexual”.
Las organizaciones denuncian que el Estado colombiano no cuenta con protocolos que garanticen el trato diferencial con enfoque de género, y en el marco de la represión por parte de la Fuerza Pública, las mujeres sufren detenciones ilegales y arbitrarias donde se dan hostigamientos como insultos sexistas, agresiones físicas, algunas con connotación sexual y agresiones simbólicas, que generalmente quedan en la impunidad. Y además recalcan que estas violaciones no se dan solo contra las manifestantes, sino que se han reportado casos en contra de mujeres pertenecientes a misiones médicas, periodistas y defensoras de derechos humanos.
El documento además solicita a la CIDH que incorpore en las conclusiones de su visita la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con un enfoque de género, para que contribuya en el esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública y así garantizar el derecho de acceso a la justicia, incluyendo el derecho a la verdad y garantías de no repetición, de manera eficaz para las víctimas. Y que se traslade el informe a la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres para una posterior reunión.
Asimismo, solicita a la CIDH que inste al Estado colombiano para que tanto el Gobierno Nacional como sus órganos de control presenten de forma pública información veraz sobre las cifras de hechos de VS y VBG en el marco del Paro Nacional por parte de la Fuerza Pública, con el fin de esclarecer las agresiones y garantizar que estas sean conocidas por parte de la justicia ordinaria y no queden en manos de la justicia penal militar. Por último, se suma al pedido generalizado en el país sobre la necesidad de reformar la Policía Nacional y desmontar el ESMAD.
Entre las principales peticiones se destacan: que sea un cuerpo civil sin mando militar y, en consecuencia, se adscriba al Ministerio de Interior. Que sus integrantes cuenten con procesos de formación permanentes en los temas de derechos de las mujeres y violaciones a los derechos humanos de las mujeres y la población LGTBI, que su misión y acciones se orienten a un enfoque de seguridad humana que permita a las mujeres vivir una vida libre de miedo, libre de violencias, y de libertad en dignidad, que se adopten medidas para la incorporación del enfoque de género en el accionar de la fuerza pública y, para esto, contar con protocolos y otras medidas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género contra las mujeres ejercida por agentes de la Fuerza Pública. “En consecuencia, evitar la aplicación de disposiciones como el traslado por protección dispuesto en el Código de Policía, que flexibiliza estas garantías y ha facilitado las desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos contra las y los manifestantes”.
Desde la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe -RSMLAC, acompañamos la petición de las organizaciones colombianas frente a la CIDH, así mismo, adelantamos acciones de incidencia para la exigibilidad y garantía de los derechos humanos de las mujeres en ese país.
[1] Casa de la Mujer, Comunitar - Corporación de Mujeres Ecofeministas, Corporación Humanas, Corporación Jurídica Libertad, Defender la Libertad Asunto de Todas, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Proceso Social de Garantías para la Labor de los Líderes y Lideresas Sociales Comunales, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Ruta Pacífica de Mujeres, Sisma Mujer, Vamos Mujer, Women’s Link Worldwide.